Dos adolescentes se conocen en una fiesta. La conversación es agradable y poco a poco ambos sienten una atracción recíproca. Buscan un lugar más íntimo lejos de otras compañías. Entonces, ya más cómodos, comienzan a proponer prácticas sexuales. Penetración vaginal, sexo anal, masturbación con juguetes eróticos…
Esta es la situación que un juego educativo online, elaborado por Cruz Roja Juventud, proponía a los jóvenes españoles de 15 años en marzo de 2010. La financiación del proyecto corrió a cargo del Ministerio de Sanidad, mientras que Educación recomendaba su aplicación en las aulas como apoyo para la materia de educación sexual. El fin didáctico era concienciar sobre la importancia del uso del preservativo para prevenir enfermedades venéreas.
El asunto desató una tremenda polémica. La organización “España Educa en Libertad” denunció que el videojuego promovía la promiscuidad y las perversiones sexuales entre niños y adolescentes. Su portavoz, Inmaculada López, argumentó lo ridículo del mensaje al entender que la única directriz que se daba a los jóvenes era que llevaran siempre preservativo, anteponiéndolo como un dogma frente a una sexualidad sana y natural. Además, López mostró su preocupación frente al hecho de que la asignatura de educación sexual fuera obligatoria a partir de 2011 para alumnos de 11 años.
El resultado fue que el videojuego se retiró de la circulación ante la controversia generada. No obstante, sirvió para despertar las protestas de aquellos que interpretaban que el gobierno estaba imponiendo una materia que no correspondía al ámbito escolar. Y, por el efecto carambola, la imagen de Cruz Roja se vio perjudicada al ser considerada “cómplice”.
Lo sucedido en 2010 es tan sólo uno de tantos ejemplos que ponen de manifiesto la imposibilidad de que una ONG mantenga su independencia de operaciones recurriendo a ingresos públicos. Por definición, y a riesgo de caer en una perogrullada demasiado simple, “no gubernamental” implica que no existe intervención de ningún tipo por parte del gobierno. Y no hay mayor elemento de control que ser partícipe directo de la fuente de financiación de una organización.
Es comprensible que en un contexto económico poco boyante, el altruismo y generosidad del prójimo no basten para sustentar una organización de esta naturaleza. Por eso, no son pocos el número de sociólogos que advierten la absoluta necesidad de que las ONGs sean autosuficientes para garantizar su autogobierno. Que sepan gestionar sus recursos económicos y no dependan en demasía de las donaciones. La dirección responsable, encaminada hacia unos objetivos concretos y realistas, son las vías que permiten la autogestión. Pero la economía aprieta y no siempre se encuentran los recursos que uno querría.
Ante la adversidad y el riesgo de desaparición, las subvenciones son una salida demasiado tentadora. Pero, como en el caso de la Cruz Roja y su videojuego, se convierten en un arma de doble filo. ¿Qué reputación le queda a un ente, supuestamente independiente, que somete sus acciones al servicio del gobierno tras recibir un dinero por ello?
Sin embargo, cercenar la independencia de la organización no garantiza la supervivencia. Es el caso de “Paz Ahora”, primera ONG desahuciada en España por impago a la inmobiliaria de su sede. El portavoz de la organización, Julio Rodríguez, declaró que: “Estamos esperando el dinero prometido de las subvenciones, pero no llega. Cuando las administraciones no cumplen con su parte no sucede nada; cuando somos los pequeños los que no cumplimos con los pagos, nos ponen en la calle”.
Esta, en definitiva, es la historia de la encrucijada continua en la que las ONG se ven inmersas. Ser fiel a la razón social o aceptar una intromisión que brinde un beneficio puntual. Anteponer los principios o asegurar los recursos. Independencia o supervivencia… la delgada línea roja.
¿Sería posible que Amnistía Internacional pudiera poner en marcha campañas como esta si dependiera de alguna subvención del gobierno de Perú?
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